Richard Roselló
La
vida de Caridad Rosa Mederos Peralta, de 66 años, cambió desde que un vecino en
bajos, mutilara una escalera que daba acceso a su casa para construir una
cocina en su lugar.
Sucedió
en el 2009 que Mederos Peralta, residente en ave: 7 No. 6208 e/ 62 y 64 de la
localidad costera de Surgidero de Batabanó, antigua provincia La Habana,
comenzó a vivir como víctima, los amargos días, meses y años de un injusto y
desequilibrado conflicto entre vecinos y el Estado revolucionario.
Un fin espurio justifica los medios
Peralta
sintió moverse el piso y el techo bajo sus pies y cabeza cuando en el 2009 la
Dirección Municipal de la Vivienda declaró ¿su casa en peligro de derrumbe por
inundación marítima?
Hablamos
de un modulo de madera construido en 1912 y en buen estado de conservación. “No se mojaba, poseía ventanas ajustadas y
holconería, paredes, techos y tabiques y piso firme”, según la residente.
Habitaba el mismo desde 1970 y aunque sus documentos señalan que su residencia
era parte de un usufructo, tenía pagado el valor del mismo hacia años. Se
componía de 3 cuartos, sala, recibidor, 2 cocinas, baño y terraza.
Mas,
cuenta Caridad Rosa que lo que no estaba en buen estado era la vivienda en
bajos donde vive Yosvanni Borda Rodríguez. Relata la afectada que ese “sujeto no cuidaba su casa y arrancaba
tablas de las paredes con la que se fue degradando el basamento de los
horcones” por lo que puso en peligro su vivienda y la de Caridad.
Ambos
vecinos, tanto Borda como Osmil Santana (un transeúnte local), valiéndose del
dictamen de la DMV pusieron en jaque mate la vivienda de los altos, haciendo y
desasiendo a su antojo por impunidad de un respaldo oficial.
Comenzaron
por eliminarle la escalera de acceso. Peralta por cierto, tuvo “que ingeniársela, ir al monte, cortar
maderas, buscar puntillas y fabricar una escalera rústica y peligrosa por el
exterior” para cuidar y velar por los bienes que permanecían atrapados en
su interior.
Luego,
comenzaron a extraviársele sus pertenecías. Desapareció el reloj contador de
electricidad por lo que quedó sin fluido, ni agua.
No
suficiente. Le impusieron el acoso y la presión. Trajeron un inspector de
vivienda muy brabucón para desalojarla. Y un buen día sorprendió a Borjas en el
interior de su casa, despojándola del resto de sus bienes. Había penetrado por
el fondo y accedió rompiendo unas tablas. Estaba allí “con autorización de la Delegada de su zona, quien le ordenaron
incautar sus pertenencias y dejarlas (sin custodio) en la planta baja, donde
luego fueron desapareciendo una tras otra”, nos dice.
Caridad
en medio de aquella circunstancia forzada no encontró solidaridad por ningún
lado. Salvó algunos pocos bienes que trasladó a casa de su hija y perdió otros
muy importantes en una localidad donde el bandolerismo impera. Un balón de gas,
cama, escaparate, mesas con 4 sillas, sacos de ropas, un DVD, documentos
personales, tanque de agua, materiales de construcción (cabillas, bloques de
cifore, losas de piso, tuberías). También ollas de presión, cazuelas, jarros,
cafetera, cuchillos, plancha, 6 sillas, prendas personales, espejo y otras
cosas que debieron haberle costado desvelos y esfuerzos el adquirirlas durante
décadas.
Finalmente
los comisores de esta historia, la cual da ira escuchar, lograron sus
designios: demoler su casa y apropiarse de cuanta tabla, horcón, ventanas,
balaustres, cartón de pared, vigas, tejas, vigueta, cables y otras utilidades
cayeran en manos impropias. De aquella casa, donde nacieron y corrieron sus
hijos, no pudo ni preservarse su nombre.
La revolución no deja desamparado a nadie
Caridad
y cualquier otro cubano han mirado con desconfianza este despectivo slogan que
tanto dice prometer en consignas y no así en la práctica. Desde luego que
Caridad no se quedó “desamparada”.
Aun
así, la historia alerta de que para cumplir un objetivo tan sensible como un
techo o, cambio de una vivienda a otra, tienen que crearse las premisas lógicas
para que la garantía sea efectiva y no un tormento.
También
es cierto que la vida de Caridad y su vivienda estaban en peligro, a causa de
la indolencia de unos. En cambio, las
autoridades locales en vez de reparar la vivienda de los bajos, otorgaron a la afectada un tránsito a otro
aposento no menos angustiante.
El
lugar debió haber sido frustrante y humillante. Un baño público de un antiguo
paradero de ómnibus abandonado pasaba a fungir de vivienda temporal. Por tanto,
violada sus normas de convivencia, Caridad tuvo que enfrenarse a otro episodio
doméstico más calamitoso. Limpiar y desinfectar el reducido espacio de 8 m2.
Para colmo invirtió su dinero en sacar escombros. Con ayuda de un albañil
asignado por DMV abrió ventanas y por sus medios consiguió una puerta al local.
Allí llevo su colchón, frigidaire, un TV, un sillón y una mesita era lo que
pudo caber.
No
obstante, el local adolece de una meseta para colocar su cocina y ello le
imposibilita cocinar. Después de más de un año de residir en ella,
recientemente y por gestiones suyas, Caridad desayuna, almuerza y come en un
asilo de anciano situado a 3 kilómetros de donde reside.
Estamos
hablando de una persona divorciada, percibe un retiro de 100 pesos otorgado por
su ex esposo. De ellos, 60 pesos los utiliza para pagar un frigidaire
adquirido. Como no cuenta con los años de trabajo, vive de limpiar casas, lavar
y planchar a domicilios.
También,
por cuenta propia, hizo gestiones para que le asignaran un terreno y construir
en la zona de desarrollo en Batabanó. Pero sin recursos ni ayuda, Caridad sigue
viviendo su vida como una habitación, con todas sus puertas cerradas.
Y
cuando ocurra un llenante de mar sobre la población de Surgidero como resultado
de algún ciclón, el cuchitril de Peralta, incluyendo sus limitados bienes serán
los primeros en ser golpeados por su cercanía al mar. Entonces su historia,
seguirá encerrada en el absurdo.
En vez de ayuda: indiferencia y maltratos
Otras
de las malas experiencias por la que ha tenido que pasar Caridad es la
indiferencia y los malos tratos, enfermedades de la estructura gobernante
dispuesta a acabar con las costumbres, la decencia y la ecuanimidad.
Desde
el 2009, Mederos Peralta viene alertando a organismos locales y gobierno
central de quejas no solo por asuntos de viviendas sino por crueles tratos de
aquellos que en verdad tienen que velar por el orden.
El
8 de julio del 2009, luego de oídos sordos en los organismos municipales,
Caridad escribió una queja al Consejo de Estado que obra en su poder. Se
refiere a su situación de vivienda con los vecinos y los malos trabajos de esa
entidad local.
Otra
misiva está fechada con el 12 de junio del 2010 por el maltrato que sufrió de
agentes de la policía de Batabanó.
Una
tercera es una acusación ante la policía con No. 4614/2011 por allanamiento o
violación de domicilio de un vecino.
Aun
así, Rosa Mederos se envió envuelta en un costoso papeleo burocrático de
denuncias cuyas respuestas no han surtido efecto. Para mal, quedaron en frases
técnicas y cuadradas que no ayudan a nadie. Véase las respuestas de la Fiscalía
General de la República, dirigida a la nueva provincia Mayabeque el 30 de
agosto del 2011 y otra del 8 de diciembre de ese año.
En
resumen: Caridad no ha recibido una respuesta contundente contra los comisores
de delitos. Dígase los que se apropiaron de bienes, los que ejercieron abuso de
autoridad. Mientras tanto Fiscalía local le sigue dando evasivas a sus
demandas.
Y
todo esto solo nos indica algo. Después de tantos años de haber sufrió una
lista de daños, lo único que Caridad ha conseguido es una respuesta verbal. Más
bien informal: “No hay delito”, según
le comunicó una funcionaria que representa la Ley.
Entonces,
si aquello que nos hace humano son los derechos, Caridad Rosa Mederos Peralta
de la tercera edad, perdió los suyos y hasta el nombre.
¿Será
por ello que las autoridades no les hacen caso como ocurren en otras
situaciones?
richardrosello@yahoo.com
